Ni en escuelas, clínicas o templos. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o de la Patrulla Fronteriza (CBP) no podrán realizar detenciones y allanamientos contra inmigrantes en “áreas protegidas”. Así lo anunció el pasado miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas mediante un memorando dirigido a los directores de ambas agencias.
“Es debido al impacto profundo de nuestro trabajo que queremos considerar muchos factores diferentes antes que decidamos actuar”, escribió Mayorkas. “Esto puede hacer que nuestro trabajo sea muy difícil. También es una de las razones por las que nuestro trabajo es noble”.
En la conducción de tareas como arrestos, allanamientos o la entrega de citatorios, Mayorkas indicó que se debe considerar “muchos factores, incluida la ubicación del sitio donde llevamos a cabo la acción y su impacto sobre otras personas y los intereses sociales más amplios”.
Citó como ejemplo una acción policial en un albergue de emergencia que pueda resultar en que los inmigrantes, incluidos niños, duden de concurrir al refugio en busca de comida y agua, atención médica urgente u otros cuidados humanitarios.
Entre las “áreas protegidas” se cuentan las escuelas, colegios o universidades, las clínicas médicas o de salud mental, los centros de vacunación y los sitios de prácticas religiosas.
También se cuentan los sitios donde los niños concurren a jugar, las sedes de servicios sociales como los que atienden a víctimas de la violencia doméstica, los sitios donde haya desfiles, procesiones o manifestaciones, y las funerarias y cementerios.
“Tenemos que considerar el hecho de que una acción policial realizada cerca del área protegida, y no necesariamente dentro de ella, pueda tener el mismo impacto limitante sobre el acceso de un individuo al área misma”, añadió.
El memorando indica que las excepciones son las acciones policiales relacionadas con una amenaza para la seguridad nacional, el riesgo inminente de violencia, muerte o daño físico a alguna persona. Así como la persecución de un individuo que representa una amenaza para la seguridad pública.
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