RALEIGH (25 de enero 2023).- Un nuevo intento para forzar a los alguaciles de Carolina del Norte a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha puesto en marcha en la Asamblea Legislativa estatal. Un grupo de legisladores republicanos presentó hoy miércoles el proyecto de ley HB10 “Exigir a los sheriffs que cooperen con el ICE”.
Este proyecto antiinmigrante es una copia de la SB101 la cual fue vetada el 2022 por el gobernador Roy Cooper. La HB10 fue presentada por los representantes Destin Hall, Brenden Jones, Jackson Saine y Carson Smith.
“Esta es la tercera vez que la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte intenta aprobar una legislación dañina que separaría a las familias, pero sabemos que trabajando unidos la volveremos a derrotar”, dijo María González Directora de Política de El Pueblo.
González recordó que cada vez que la Legislatura ha tratado de aprobar un proyecto para obligar a los alguaciles del estado a colaborar con ICE mucha gente se ha manifestado en contra incluso durante las sesiones en los comités. También el gobernador ha vetado dos proyectos similares: la HB370 y la SB101.
“Confiamos que esta vez la HBB10 sea vetada, pero sabemos que este año enfrentamos más riesgos debido a la manipulación de la regla de votación para anular el veto, que era una herramienta de control y equilibrio. El Pueblo, junto a sus aliados y la comunidad lucharemos para evitar que la HB10 se convierta en ley”, señaló.
Entre sus provisiones, la propuesta HB10 indica que el administrador u otra persona a cargo de la instalación carcelaria intentará determinar si la persona detenida es residente legal de los Estados Unidos mediante una investigación o la verificación cualquier documento relevante.
Pero si la persona detenida tiene cargos criminales considerados en el proyecto, los encargados de la cárcel harán una investigación y la corroboración de documentos para determinar la situación legal detenido.
Los delitos graves listados en el proyecto incluyen la fabricación, venta, entrega o posesión de sustancias controladas y falsificadas. Adicionalmente delitos como homicidio, violación y otros delitos sexuales, tráfico humano y secuestro y rapto.
En caso de no poderse determinar el estatus legal de la persona detenida, el administrador u otra persona a cargo de la instalación penitenciaria puede retenerlo por más tiempo y ponerse en contacto con ICE.
Al respecto, la HB10 señala que antes de la liberación del recluso, y después que el administrador u otra persona a cargo de la instalación reciba la orden de detención y la orden administrativa, o una copia de la misma, “el recluso será llevado sin demora ante un funcionario judicial estatal acompañado de la orden de detención y orden administrativa, o copia de la misma”.
A menos que otro proceso legal requiera la custodia continua del prisionero, la persona será puesta en libertad si han pasado 48 horas desde la recepción de la orden de detención, ICE ya tomó en custodia al reo o el servicio de inmigración rescindió la orden de detención.
Este proyecto también señala que ninguna agencia estatal o local de aplicación de la ley tendrá responsabilidad penal o civil por las acciones realizadas de conformidad con una orden emitida.
A partir del 1 de octubre de 2024 y cada año, el administrador u otra persona a cargo de cada cárcel o centro de confinamiento local, de distrito o satélite informará al Comité Conjunto de Supervisión Legislativa de Justicia y Seguridad Pública la cantidad de veces que la instalación hizo una consulta a ICE, así como como el número de veces que esta agencia federal respondió.
También la cantidad de veces que ICE envió una solicitud de detención para un prisionero, la veces que un preso estuvo detenido durante las 48 horas completas y el número de veces que un preso fue retenido y luego puesto en libertad tras una rescisión de una orden de detención por parte de Inmigración.
De ser aprobada, esta propuesta entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año y se aplica a los delitos cometidos a partir de esa fecha.
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