En menos de 48 horas, los líderes republicanos de la Asamblea General aprobaron varios cambios al sistema de justicia criminal de Carolina del Norte, entre ellos requisitos más estrictos para otorgar la libertad provisional y nuevos procesos para reinstaurar la pena de muerte por delitos violentos en el estado.
El proyecto de ley HB307, bautizado como la “Ley de Iryna” en respuesta al brutal asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska a finales de agosto en un tren urbano de Charlotte, fue ratificado la tarde del martes por 81 votos a favor, entre ellos 17 demócratas, en la Cámara de Representantes.
La dividida postura de los demócratas en la Cámara Baja contrastó con la del Senado, donde el plan republicano pasó el lunes sin un solo voto demócrata por 28 votos a favor y 8 en contra, luego de una agitada jornada en la que HB307 pasó rápidamente por dos comités y fue votado en el pleno esa misma tarde.
Tras la votación en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue enviado a la oficina del gobernador demócrata Josh Stein quien tiene 10 días para firmar o vetar la legislación.
DEBATE POLÍTICO
Durante más de dos horas de debate en la Cámara de Representantes, la mayoría de los demócratas cuestionaron el uso político del asesinato de Zarutska para avanzar una agenda republicana enfocada en la criminalización y el castigo, y la ausencia de presupuesto para la policía y servicios de salud mental para prevenir casos similares
Los republicanos, por su parte, culparon a los demócratas acusándoles de promover políticas blandas contra el crimen que facilitan la liberación de delincuentes peligrosos como el de De Carlos Brown Jr, un hombre con problemas mentales y 14 antecedentes penales acusado de apuñalar a Zarutska a finales de agosto.
“El nunca debería haber salido de la cárcel”, dijo Trisha Cotham republicana de Mecklenburg en referencia a Brown, quien fue liberado sin fianza en enero tras ser arrestado por un delito menor. “Este acto atroz se pudo prevenir y es resultado directo de funcionarios judiciales que son muy blandos con el crimen y permiten que demasiados delincuentes tengan una puerta giratoria termina en nuestros vecindarios y comunidades”.
Marcia Morey, representante demócrata de Durham y exjuez, dijo que no existe una correlación entre la liberación de Brown en enero tras ser arrestado por mal uso de la central de emergencia 911 y el asesinato de Zarutzka en agosto, ya que aquel no era un delito grave y la magistrada que lo dejó ir bajo la promesa de comparecer en corte sólo aplicó la ley.
“Entonces, el teatro político de que nosotros somos blandos con el crimen y los republicanos son duros con el crimen es solo eso, un teatro político”, dijo Morey. “Yo nunca he sido blanda con el crimen como juez al sentenciar o castigar. Yo seguí los estatutos”.
“Así que no tomen hechos que no conocen y culpen a una magistrada por algo de lo que no era responsable”, añadió.
PENA DE MUERTE
HB307 introduce cambios para restablecer la pena de muerte en el estado y acelerar las ejecuciones por delitos violentos.
La pena de muerte es legal en Carolina del Norte, pero las ejecuciones se suspendieron en 2006 debido a demandas sobre su constitucionalidad y porque el gremio médico advirtió que los médicos que administren la inyección letal -el único método de ejecución lega legal- podrían perder sus licencias.
Mediante una enmienda presentada por el líder del Senado, el republicano Phil Berger, HB307 establece que el Departamento Correccional para Adultos debe implementar métodos de ejecución alternativos utilizados en otros estados en caso de que la inyección letal fuera declarada inconstitucional o no pueda administrarse en el estado.
El cambio, que generó la protesta de los demócratas en el Senado, allana el camino para que se reinicien las ejecuciones capitales en el estado.
Además, establece plazos más cortos para que los sentenciados a pena de muerte puedan apelar sus sentencias, y crean un nuevo factor agravante que conllevaría la pena capital si un delito violento fue cometido en el transporte público, como ocurrió con el asesinato de Zarutska.
RESTRICCIONES JUDICIALES
HB307 también elimina la opción de liberar a un detenido bajo la promesa por escrito de presentarse en corte y requiere que los acusados de delitos graves o delincuentes reincidentes paguen fianzas aseguradas o cumplan arresto domiciliario con monitoreo por GPS.
La nueva legislación también incrementa la supervisión de los magistrados judiciales quienes serán supervisados y podrán ser suspendidos on despedidos por el presidente de la Corte Suprema estatal, el republicano Paul Newby.
Además, establece un nuevo procedimiento para el internamiento forzoso de delincuentes violentos con problemas de salud mental.
Bajo ese nuevo protocolo los magistrados deben ordenar evaluaciones mentales para acusados de delito violentos o que hay sido internados en establecimientos de salud mental en los últimos tres años.
Ellos deben ordenar esas evaluaciones si tienen motivos razonables para creer que los acusados de cometer delitos graves pueden ser un peligro para ellos mismos u otras personas.
El proyecto incluye presupuesto para contratar a 10 nuevos fiscales en el condado Mecklenburg, pero no otorga fondos adicionales para mejorar los servicios de salud mental ni para las fuerzas del orden locales.
