Un grupo de autoridades hispanas electas de todo el estado y el Comité de Asesor de Asuntos Hispanos y Latinos de la Oficina del Gobernador, le pidieron esta semana al gobernador Josh Stein que vete los proyectos de ley antiinmigrantes HB318 y SB153 aprobados por la Legislatura estatal.
“Le escribimos para instarle a vetar la SB 153 y la HB 318, dos proyectos de ley que criminalizarán a nuestros vecinos y abusarán de nuestros recursos estatales para fomentar el caos y dividir aún más a nuestras comunidades”, dice la carta firmada por 15 funcionarios hispanos electos de diferentes ciudades del estado.
HB318 amplía el alcance de la ley estatal HB10 de 2024 que obliga a todos los alguaciles del estado a colaborar con ICE. La reforma agrega más delitos que activan la verificación del estatus migratorio de los detenidos, extiende el tiempo que deben ser retenidos y obliga a notificar a ICE antes de liberarlos.
El proyecto SB153 ordena a agencias del orden estatales, entre ellas la Patrulla de Carreteras, a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Además, penaliza a las ciudades o condados que incumplan a ley estatal que prohíbe las políticas santuario en el estado, dispone la revisión de los programas sociales estatales para asegurar que ningún indocumentado reciba esos beneficios, y ordena a las universidades estatales a entregar a ICE información de los estudiantes.
“Muchos de nosotros trabajamos a nivel local, y estos proyectos de ley serán especialmente punitivos contra los gobiernos locales que incumplan las ordenanzas antisantuario. Como funcionarios electos locales, nuestro deber es salvaguardar los recursos de nuestras comunidades, y cumplir con estos proyectos de ley entraría en conflicto directo con dicho deber”, dice la carta de las autoridades electas.
Entre los firmantes figuran Eliazar Posada, concejal de Carrboro, Javier Caballero, concejal de Durham, Susan Rodríguez-McDowell, comisionada de Mecklenburg y Elizabeth Monterrey, miembro de la junta escolar de Charlotte-Mecklenburg.
Por su parte, el Concejo Asesor de Asuntos Hispanos y Latinos del gobernador se reunió el lunes y sus 40 miembros decidieron enviar una carta a Stein pidiéndole el veto de los dos proyectos de ley.
“Si bien el Consejo coincide en que mantener la seguridad de todos los habitantes de Carolina del Norte es una prioridad absoluta, ninguno de estos proyectos de ley promueve la seguridad pública de nuestras comunidades”, dijeron los miembros del Consejo en su carta. “Les instamos encarecidamente a vetarlos, ya que tendrán consecuencias significativas para las comunidades inmigrantes y para todo Carolina del Norte”.
En la carta argumentan que las propuestas de ley dañarían la relación de confianza entre la comunidad inmigrante y las agencias del orden locales, crearían miedo y desanimarían a las víctimas y testigos de crímenes a colaborar con la policía, y privaría de ayuda estatal clave a muchas familias, especialmente niños estadounidenses hijos de inmigrantes.
