Raleigh. A pocas horas de vencerse el plazo de 10 días, el gobernador Josh Stein vetó hoy los proyectos de ley antiinmigrantes SB153 y HB318, los cuales pretendían ampliar la colaboración de Carolina del Norte con el Servicio de Control de Inmigración (ICE) para identificar a inmigrantes indocumentados en el estado y prohibirles el acceso a cualquier beneficio estatal.
Los dos proyectos de ley fueron devueltos a la Asamblea General donde se espera que la mayoría republicana intente anular los vetos del gobernador demócrata, aunque para conseguirlo necesitará el apoyo de al menos un legislador demócrata en la Cámara de Representantes.
SB153 intentaba forzar a agencias del orden estatales, entre ellas la Patrulla de Carreteras, a colaborar con ICE, obligar a las universidades a compartir información migratoria de los estudiantes, penalizar a las llamadas ciudades santuario y auditar los programas sociales para asegurar que ningún inmigrante indocumentado reciba beneficios públicos estatales.
Stein vetó ese proyecto de ley argumentando que es innecesario y que no ayudará a hacer más seguro al estado.
“SB153 también nos haría menos seguros, por lo que estoy vetando esta legislación, dijo Stein en un comunicado de prensa. “En un momento en que nuestras fuerzas del orden ya están sobrecargadas, este proyecto de ley desvía a los agentes estatales de sus funciones estatales y los obliga a actuar como agentes federales de inmigración. Además, bajo la ley actual, las personas sin estatus migratorio legal ya no pueden recibir Medicaid, SNAP, Sección 8 ni otros beneficios”.
HB318 es una extensión de la ley estatal HB10 que obliga a todos los alguaciles y administradores de las cárcerles a colaborar con ICE. La reforma agrega más delitos a la lista de cargos que obligan a la verificación del estatus migratorio de los detenidos, extiende el periodo de 48 horas de retención de los indocumentados y obliga a los alguaciles a notificar a ICE antes de liberarlos.
Stein dijo al anunciar su veto que HB318 es inconstitucional, aunque indicó que está de acuerdo con que los alguaciles colaboren con ICE para detener a inmigrantes acusados de delitos muy graves.
“Veto el proyecto de ley HB318 por ser inconstitucional”, dijo Stein. “Apoyo los esfuerzos del proyecto de ley para exigir que los alguaciles contacten a las autoridades federales de inmigración sobre las personas bajo su custodia acusadas de agresión sexual, robo a mano armada, incendio provocado, agresión a funcionarios públicos y personal judicial, y otros delitos peligrosos. Quienes cometen estos delitos deben rendir cuentas, independientemente de si se encuentran aquí sin autorización legal, y quienes sean acusados de delitos graves deben ser sometidos a un mayor escrutinio por parte de los funcionarios federales de inmigración”.
“Mi juramento al cargo me exige defender la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, no puedo firmar este proyecto de ley porque obligaría a los alguaciles a detener inconstitucionalmente a personas hasta 48 horas después de que, de otro modo, serían liberadas”, agregó
Stein also noted that a federal Fourth Circuit Court ruling is clear in stating that local law enforcement officers cannot hold people in custody solely on suspicion of violating immigration laws. “But let me be clear: anyone who commits a serious crime in North Carolina must be prosecuted and held accountable regardless of their immigration status.” he added.
Stein hizo el anuncio tras varios días de protestas en Raleigh donde diversos grupos y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, entre ellos El Pueblo, y miembros de la comunidad le reclamaron que vete los dos proyectos de ley antiinmigrantes.
