La Legislatura estatal aprobó preliminarmente este miércoles otorgar los fondos necesarios para cubrir el déficit del Medicaid estatal mediante un proyecto de ley que incluye provisiones antiinmigrantes, entre ellas, compartir información de los inmigrantes que solicitan beneficios de salud con las autoridades federales de inmigración.
El proyecto de leyHB696 recibió apoyo bipartidista casi unánime en ambas cámaras de la Legislatura, pero no será enviada al escritorio del gobernador hasta el próximo martes cuando se tienen previstas las votaciones finales.
La legislación otorgará de inmediato $319 millones de dólares para cubrir el déficit de Medicaid del cual dependen casi 3 millones de personas de bajos ingresos y que estaba a pocas semanas de quedarse sin fondos.
Sin embargo, el proyecto de ley de financiación incluye también una serie de medidas de supervisión, algunas de ellas antiinmigrantes, destinadas a “reducir los costos del programa y prevenir el fraude y el abuso”, según los líderes republicanos que controlan ambas cámaras de la Legislatura.
PROVISIONES ANTIINMIGRANTES
Una de las nuevas provisiones de control obligaría al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) a compartir con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la información de los solicitantes de Medicaid que no tengan o no puedan comprobar su estatus migratorio.
Otra provisión exige que los ingresos de cualquier miembro del hogar que sea excluido de Medicaid debido a su estatus migratorio se tomen en cuenta al momento de establecer si otros miembros de la familia con estatus migratorio califican financieramente para recibir los beneficios del programa.
HB696 también limita al mínimo la cobertura del Medicaid de emergencia para los inmigrantes indocumentados quienes son inelegibles para la cobertura estándar.
El proyecto de ley también recorta la cobertura de salud para inmigrantes con algún estatus migratorio legal como como los refugiados, solicitantes de asilo, titulares de visas humanitarias o residentes permanentes con Tarjeta Verde, quienes antes podían calificar para Medicaid en ciertas circunstancias o tras un periodo de espera de cinco años.
Muchos de esos inmigrantes con estatus legal iban a perder la cobertura a partir de octubre de 2026de acuerdo con la ley de presupuesto federal aprobada en julio del año pasado.
MÁS MEDIDAS DE SUPERVISIÓN
El proyecto de ley HB696 dispone también que el DHHS realice revisiones mensuales (actualmente son trimestrales) de la elegibilidad de los beneficiarios del Medicaid y que presente un informe anual sobre los casos de fraude o mal uso del programa.
También prohíbe el uso de declaraciones juradas cómo única prueba para establecer la elegibilidad para el Medicaid y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Además, exige que los beneficiarios de la expansión del Medicaid presenten pruebas de que están trabajando, educándose o participando en actividades comunitarias en los últimos tres meses para poder obtener o renovar su cobertura médica.
La propuesta incluye también $500,000 para que la Oficina del Auditor estatal, realice una auditoría del Medicaid.
