Junta electoral estatal aprueba reglamento que puede privar del derecho al voto a miles de votantes en el estado

RALEIGH, NC — Despite objections from nearly 15,000 people who submitted public comments, voting rights advocacy organizations, and evidence demonstrating the ineffectiveness of a federal database used to identify potential non-citizen voters, the North Carolina State Board of Elections approved a new rule in a 3–2 vote. The rule relies on that unreliable system to purge the voter rolls, putting thousands of eligible voters in the state at risk of losing access to the ballot.

Las nuevas reglas aprobadas establecen un procedimiento inadecuado, injusto e insuficiente para determinar la elegibilidad de los votantes que sean marcados como potencialmente “no ciudadanos” mediante el sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para obtener Derechos (SAVE), el cual ha demostrado ser notablemente poco confiable como lo demuestran una auditoría efectuada en 2017 por la propia NCSBE y un estudio nacional del Brendan Center of Justice en 2016.

Las reglas aprobadas por la NCSBE se basan en esa información poco confiable y ponen la responsabilidad en los votantes para demostrar su elegibilidad mediante un proceso que requiere de una simple notificación disponible sólo en inglés para que los afectados deban acudir a una audiencia y presentar pruebas de su ciudadanía, bajo la amenaza de ser eliminados del registro electoral.

“Establecer estas nuevas reglas basadas en un sistema federal poco fiable en medio de un proceso electoral podría privar a los votantes elegibles, en particular a los ciudadanos naturalizados de origen latino, de su derecho al voto en Carolina del Norte”, dijo Verónica Aguilar, directora de comunicaciones de El Pueblo. “Esto, en última instancia, socavará la integridad y la transparencia de nuestras elecciones y privará del derecho al voto a los electores más vulnerables”.

El nuevo reglamento impactará particularmente a los inmigrantes latinos naturalizados cuyos apellidos son escritos con errores; las mujeres cuyos apellidos cambian después del matrimonio, y las poblaciones rurales que cuentan con menos recursos para obtener sus documentos.

Además, crea nuevas barreras para el acceso al voto ya que se estima que 21 millones de estadounidenses no cuentan con un pasaporte, un certificado de naturalización o un certificado de nacimiento original para demostrar su ciudadanía; y obtenerlos puede tardar meses y costar mucho dinero.

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