Dos proyectos de ley antiinmigrantes que buscan extender la colaboración entre agencias estatales y las autoridades federales de inmigración avanzaron rápidamente en la Asamblea General de Carolina del Norte y están muy cerca de convertirse en ley.
El proyecto SB153, el cual busca forzar a agencias del orden estatales como la Patrulla de Carreteras, las universidades y los gobiernos locales a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), fue aprobado en el pleno de la Cámara de Representantes por una votación de 60 a 45 tras un intenso debate.
La legislación no irá aún a la oficina del gobernador, ya que tendrá que volver al Senado para que éste ratifique los cambios realizados por la Cámara de Representantes, donde avanzó en tan solo dos días.
Si el gobernador Josh Stein veta el proyecto de ley, los demócratas podrían sostener el veto en la Cámara de Representantes si es que se mantienen en bloque como ocurrió en la votación del miércoles donde todos votaron en contra, entre ellos la legisladora de Mecklenburg, Carla Cunningham, la única demócrata que había apoyado previamente la colaboración de los alguaciles con ICE.
La otra propuesta de ley antiinmigrante que empezó a moverse esta semana es HB318, la cual endurece las provisiones de la ley estatal HB10 aprobada el año pasado y que obliga a los alguaciles del estado a colaborar con ICE; fue aprobada el miércoles por el Comité Judicial 2 del Senado, y el jueves pasó en el Comité de Reglas, por lo que podría ser votada por la cámara alta en cualquier momento.
INTENSO DEBATE
SB153 se aprobó este miércoles tras un acalorado debate en el que varios representantes demócratas cuestionaron varias provisiones del proyecto de ley que es patrocinado por el líder del senado, el republicano Phil Berger.
Según la propuesta, agencias del orden como la Patrulla de Carreteras, la Oficina Estatal de Investigaciones, el Departamento Correccional de Adultos y el Departamento de Seguridad Pública, tendrán que firmar acuerdos de colaboración con ICE para identificar y detener a inmigrantes indocumentados en el estado.
De convertirse en ley, el auditor estatal, el republicano Dave Boliek, se encargará de auditar a esas agencias estatales para verificar que colaboren con ICE.
La representante Deb Butler, demócrata de New Hanover, dijo que experiencias anteriores han demostrado que la colaboración entre las agencias locales y el ICE hacen que menos víctimas y testigos reporten crímenes, y provocan casos de discriminación racial y violaciones de derechos por parte los agentes del orden.
“Este proyecto de ley está envuelto en un lenguaje de seguridad pública, pero en efecto creará una cultura de miedo”, dijo la representante demócrata Deb Butler, del condado New Hanover. “Y las consecuencias no son teóricas. Son reales, perjudiciales y medibles”.
Otros representantes demócratas expresaron su rechazo a que las agencias estatales colaboren en la agresiva campaña de deportaciones que está ejecutando ICE en todo el país, utilizando agentes encubiertos que detienen a inmigrantes inocentes, incluso residentes legales y ciudadanos, sin el debido proceso.
Pricey Harrison, representante de Guilford, contó un caso reciente ocurrido en Greensboro, donde una ciudadana estadounidense embarazada de ocho meses y su esposo inmigrante, fueron detenidos y esposados violentamente por agentes de ICE vestidos de civil a la salida de una lavandería.
“Lo que es preocupante para mí, y debería ser preocupante para todos nosotros, es que estos agentes de ICE aparezcan enmascarados, se nieguen a identificarse y perturben las comunidades en su intento de detener y deportar a la mayor cantidad de personas posible con aparentemente poco respeto por la ley o los derechos individuales”, dijo Harrison.
La misma preocupación expresó el representante Phil Rubin, demócrata de Wake y exfiscal federal, quien afirmó que en los últimos meses los agentes de ICE están violando repetidamente los derechos constitucionales de las personas, no solo inmigrantes, sino también ciudadanos estadounidenses, y que SB153 hará que las agencias estatales sean partícipes de esas violaciones.
“Hasta que ICE rechace el camino de la ley, no debemos aumentar la cooperación. Debemos cumplir nuestro juramento y defender los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos”, dijo Rubin. quien lamentó que la Cámara rechazara discutir una enmienda para prevenir que se cometan dichas violaciones.
La enmienda presentada por la demócrata Caroline Logan, representante de Mecklenburg, agregaba un texto para obligar a que las agencias estatales que colaboren con ICE, lo hagan respetando el debido proceso y los derechos constitucionales de los detenidos. Sin embargo, esta no fue admitida a pedido del republicano de Wayne, John Bell.
Los demócratas también cuestionaron una provisión incluida en SB153 que obliga al Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras agencias estatales a realizar auditorías para verificar que ningún inmigrante indocumentado reciba beneficios sociales financiados por el estado, lo cual, dijeron, podría privar de ayuda a niños estadounidenses de padres indocumentados.
“Este proyecto de ley es mezquino. No es cristiano. No es bueno. No es lo que aprendemos en la iglesia los domingos”, dijo el representante Abe Jones, de Durham. “Esta es una legislación pésima. Es terriblemente mala”.
Pese a los cuestionamientos, la mayoría republicana votó en bloque para aprobar el proyecto SB153 luego que el representante John Blust, del condado Guilford, cerrara el debate argumentando que la colaboración con ICE es necesaria porque los últimos cuatro años no hubo “debido proceso” en la frontera sur lo que, dijo, permitió la entrada ilegal de 12 millones de personas.
“Después de cuatro años sin el debido proceso, de repente hay gente que simplemente ama el debido proceso”, dijo Blust. “El debido proceso es una pista falsa”, finalizó.
- Este artículo fue actualizado el 5 de junio para reflejar la aprobación de HB318 en el Comité de Reglas y Operaciones del Senado.
