RALEIGH, N.C. – El Pueblo, a nonpartisan nonprofit organization that advocates for immigrant rights, applauds Gov. Roy Cooper’s decision to veto the anti-immigrant HB10 law that forces state sheriffs to collaborate with Immigration Enforcement (ICE). 

“El Pueblo applauds Governor Roy Cooper’s decision to veto the anti-immigrant bill HB10 which required all sheriffs in the state to cooperate with the Immigration and Customs Enforcement Service (ICE) and established additional funds to finance private schools with public funds. 

Although the governor explained his decision to veto HB10 as against the budget section of the legislation that would divert funds from public schools, we believe this veto ensures that North Carolina remains a safe state for all families, including immigrants. 

For the past 5 years, the Governor has been consistent in his stance against forcing state sheriffs to cooperate with federal immigration authorities, recognizing the danger that this forced collaboration poses to our state and our communities. 

From El Pueblo, we urge members of the General Assembly to consider the terrible consequences that HB10 would have not only for the immigrant community, but also for the security and economy of the state especially with the new addition funneling public funds into private schools, and we ask that if it comes to it, to vote to sustain the governor’s veto.” 

The bill is expected to return to the Legislature where senators and representatives could decide to call for a vote to try to override the governor’s veto, which would require a qualified majority vote in both houses. 

RALEIGH, N.C. – El Pueblo, una organización sin fines de lucro no partidista que aboga por los derechos de los inmigrantes, saluda la decisión del gobernador Roy Cooper de vetar la ley antiimigrante HB10 que obliga a los alguaciles del estado a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración (ICE). 

“ El Pueblo saluda la decisión del gobernador Roy Cooper de vetar la ley antiinmigrante HB10, que obligaba a todos los alguaciles del estado a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración (ICE) y establecía fondos adicionales para financiar las escuelas privadas con fondos públicos.  

Aunque el gobernador argumentó su decisión de vetar HB10 en contra de la sección presupuestaria de la legislación que desviaría fondos de las escuelas públicas, consideramos que este veto garantiza que Carolina del Norte siga siendo un estado seguro para todas las familias, incluyendo a los inmigrantes. 

Desde hace 5 años, el gobernador ha sido consistente en su postura en contra de obligar a los alguaciles del estado a colaborar con las autoridades federales de inmigración, reconociendo el peligro que esta colaboración forzada supone para nuestro Estado y nuestras comunidades. 

Desde El Pueblo exhortamos a los miembros de la Asamblea General que tomen en cuenta las terribles consecuencias que tendría la HB10 no solo para la comunidad inmigrante, sino también para la seguridad y la economía del estado especialmente con la nueva adición de canalizar fondos públicos a las escuelas privadas, y que, si llega a suceder, que voten para sostener el veto del gobernador. “ 

Se espera que esta ley regresa a la Legislatura en donde los senadores y representantes podrían tomar la decisión de llamar a una votación para intentar anular el veto del gobernador, para lo cual necesitarían el voto de la mayoría calificada en las dos cámaras.