Raleigh. Un nuevo proyecto antiinmigrante promovido por la mayoría republicana avanzó rápidamente en dos comités del Senado estatal y quedó listo para ser votado en el pleno de esa cámara la próxima semana.
El proyecto SB 153, presentado el lunes por el presidente del senado Phil Berger, dispone obligar a varias agencias de seguridad estatal que están bajo el mando del gobernador demócrata Josh Stein, a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados.
Bajo esa legislación, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento Correccional para Adultos, la Patrulla de Carreteras y la Oficina Estatal de Investigaciones, tendrán que suscribir convenios de colaboración con ICE a más tardar el 1 de agosto de este año.
Además, el proyecto dispone que la Oficina de Presupuesto y Gestión estatal realice una auditoría para comprobar que los beneficios públicos de diversos programas estatales, como Medicaid y el Servicio de Alimentos y Nutrición (conocido como Estampillas de Comida), no sean entregados a inmigrantes indocumentados.
También dispone que el sistema de universidades públicas del estado no podrá negarse a compartir información de los estudiantes indocumentados con las autoridades federales, y amenaza con retirar la inmunidad a los gobiernos locales que establezcan políticas “santuario” para proteger a los inmigrantes no autorizados.
“Este es el siguiente paso que el estado necesita tomar para apoyar los esfuerzos del presidente Trump para revertir la inmigración ilegal”, dijo el senador republicano Buck Newton, uno de los patrocinadores del proyecto al abrir el debate en el Comité de Reglas y Operaciones del senado la mañana del jueves.
Ningún senador demócrata en el comité hizo comentarios ni votó en contra del proyecto que fue aprobado rápidamente y sin enmiendas, apenas un día después de ser aprobado también en el comité Judicial del senado.
En contra se pronunciaron miembros de la organización El Pueblo y la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte, que argumentaron que la legislación es innecesaria y sólo va a dañar la relación de confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden, así como la actividad económica en sectores como la construcción y la agricultura que dependen de la mano de obra inmigrante.
“Obligar a las agencias y autoridades estatales a hacer el trabajo de agentes de inmigración es una violación a la autonomía del estado”, dijo ante el comité Mario Alfaro, gerente de política de El Pueblo. “En lugar de proteger a los ciudadanos del estado, esto va a crear desconfianza e incrementar inseguridad para todos”.
“Legislaciones hostiles como SB 153 son un ataque contra las comunidades inmigrantes y un intento de avanzar la falsa narrativa de que los inmigrantes están drenando el sistema de servicios públicos y que suponen una amenaza para la seguridad pública”, dijo Sammy Salkin, gerente de política de la ACLU-NC.
“Tan sólo en Carolina del Norte, los inmigrantes indocumentados contribuyeron con más de 690 millones en impuestos locales y estatales en 2022, pero la ley federal les prohíbe acceder a la mayoría de los servicios públicos a pesar de que sus impuestos contribuyen a su financiamiento”, añadió.
El proyecto de ley SB153 pasará ahora a consideración del pleno del Senado donde sería votado la próxima semana antes de pasar a la Cámara de Representantes.
