Raleigh. Una versión modificada del proyecto de ley antiinmigrante HB318, que busca expandir una ley estatal de 2024 que obliga a los alguaciles del estado a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), fue aprobada el martes por el comité Judicial 2 de la Cámara de Representantes con apoyo de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte.
El texto aprobado con votos republicanos modifica los delitos que obliga a los alguaciles o administradores de las cárceles a consutar con ICE para determinar el estatus migratorio de los detenidos, agrega una sección que obliga a los magistrados judiciales a hacer la misma consulta antes de liberar a los detenidos, y modifica la fecha en que entraría en vigencia esta legislación de ser aprobada.
Se mantienen en el texto las otras dos polémicas provisiones de HB318: la retención de los detenidos hasta por 48 horas desde el momento en que cumplen las condiciones para ser liberados si es que no hay una orden de detención de ICE contra ellos, y el mandato para que los alguaciles notifiquen a ICE la fecha y hora en que serían liberados.
LA NUEVA VERSIÓN DE HB318
El texto original de HB318 enumeraba una serie de delitos graves para activar la consulta con ICE sobre el estatus migratorio de los detenidos, pero la nueva versión incluye ahora cualquier delito grave y mantiene las ofensas relacionadas con conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o drogas.
Además, agrega una sección para obligar a los magistrados judiciales a intentar determinar el el estatus migratorio de los detenidos acusados de esos delitos, antes de evaluar las condiciones de su libertad condicional.
De no poder comprobar su situación migratoria, los magistrados deben enviar a los detenidos a una cárcel para que les tomen sus huellas digitales y se haga la consulta con ICE, luego de lo cual deben ser retenidos por dos horas a la espera de que la agencia federal emita una orden de detención en su contra.
La nueva versión del proyecto también adelanta la fecha de vigencia de esta legislación al 1 de octubre de 2025, en lugar del 1 de diciembre del mismo año que indicaba el texto original.
APOYO DE LOS ALGUACILES
Durante el debate del Comité Judicial 2, se pronunció a favor del proyecto HB318 el vicepresidente de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, Eddie Caldwell.
“El texto actual del proyecto de ley aporta mayor claridad a la ley vigente y uniformidad para los alguaciles de todo el estado”, dijo Caldwell. “Refuerza el proceso del estatuto actual para garantizar que delincuentes peligrosos no sean liberados de nuevo en nuestras comunidades”.
En contra se pronunciaron representantes de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellas El Pueblo y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte.
“Este tipo de legislación como HB318 amplifica la narrativa antiinmigrante que ignora las enormes contribuciones de la población inmigrante, incrementa el riesgo de la discriminación racial y sólo genera más miedo y desconfianza de la comunidad frente a las agencias del orden”, dijo Mario Alfaro, gerente de política de El Pueblo.
Durante el debate también habló a favor del proyecto el representante republicano Brian Echevarría, uno de los dos legisladores latinos en la Asamblea General, quien afirmó que no todos los inmigrantes son parte de una misma comunidad, a la que dividió entre “legales” e “ilegales”.
“Me llamo Brian Echevarria y mi familia es de cuba” dijo Echevarria en español para luego continuar en inglés. “Ellos vinieron aquí legalmente, también tengo familiares de Bahamas que esperaron 5 y 10 años para venir aquí legalmente”.
“Vengo de una familia de inmigrantes. Ninguno de ellos está afectado por este proyecto de ley, porque todos ellos son inmigrantes legales, y seguimos tratando de mezclar al inmigrante ilegal con el legal y pretender que es una sola comunidad, pero no. Todos vivimos aquí pero no todos somos parte de una misma comunidad, y nuestras circunstancias no son las mismas”, añadió.
El proyecto de ley HB318 fue enviado al Comité de Reglas y Operaciones de la Cámara de Representantes.
